De acuerdo con el ente regulador, los parámetros evaluados se adhieren a las exigencias introducidas por el Gobierno tras el accidente en Fukushima Uno en marzo de 2011.

Aunque voceros de la opinión pública criticaron la decisión de colocar en manos de Tepco la puesta en funcionamiento de los reactores debido a su responsabilidad en el desastre nuclear, la entidad remarcó que las inspecciones realizadas fueron mucho más estrictas que en otras centrales.

Anteriormente las autoridades de la prefectura de Niigata (donde se ubica la central), desplazados de Fukushima y organizaciones medioambientales manifestaron su oposición a la medida, por considerarla un grave riesgo en caso de sismo o tsunami.

Esta es la primera vez desde el desastre de Fukushima que se da luz verde a la reactivación de reactores gestionados por Tepco, declarada culpable de negligencia a mediados de marzo pasado.

En esa ocasión el tribunal del distrito de Maebashi, en la prefectura de Gunma, exigió a ambas entidades un pago de 340 mil dólares a 137 desplazados internos, fallo que reconoció la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados en el desastre.