La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado este martes dos sentencias que resuelven sendos casos de gran relevancia delictiva en la provincia. En la primera, se imponen penas de prisión de entre nueve y diez años y siete meses a cuatro miembros de una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en España, tras ser interceptados en el puerto de Vigo 651 kilogramos de esta droga ocultos en palés de bananas. En la segunda, se condena a 14 personas por su participación en una red que legalizaba embarcaciones mediante documentación falsa, con penas que van desde los diez meses a los dos años y medio de cárcel.

El macroalijo de cocaína del puerto de Vigo

Los hechos, que se remontan al 26 de abril de 2023, tuvieron lugar cuando las fuerzas de seguridad interceptaron en el puerto de Vigo un camión que transportaba 651 kilos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito se ha tasado en 25.513.102 euros. Según recoge la sentencia, la investigación se inició entre julio de 2022 y abril de 2023 gracias a información de cooperación policial internacional. Los magistrados describen una trama “estructurada y sostenida” cuyo objetivo era mantener modos estables de introducción de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica. La operativa consistía en ocultar la droga en la carga lícita de contenedores de tránsito comercial y, al llegar al puerto de Vigo, sustituir los palés que contenían la cocaína por otros idénticos para evitar ser descubiertos.

El tribunal considera probado que la organización estaba dirigida por una persona no enjuiciada y que la actuación de los agentes encubiertos, debidamente autorizados, fue meramente investigadora. Asimismo, rechazó las cuestiones previas alegadas por la defensa sobre una supuesta vulneración grave de derechos o provocación policial, entendiendo que las posibles deficiencias formales no contaminan la prueba.

En cuanto a las penas, la Sala ha condenado a uno de los acusados a diez años de prisión y una multa de 70.000.000 euros. A otro de los sospechosos, al que se le aplica la agravante de reincidencia, se le imponen diez años y siete meses de cárcel y la misma multa. Los otros dos acusados han sido sentenciados a nueve años de prisión y una multa de 50.000.000 euros cada uno. La sentencia no es firme y cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La trama de las embarcaciones falsas en Bueu

En un segundo procedimiento, la Audiencia de Pontevedra ha condenado a 14 personas por colaborar en una trama que, a través de un astillero en Bueu, legalizaba embarcaciones con documentación falsa. Los magistrados han considerado a los acusados autoras de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, si bien en calidad de cooperadoras necesarias.

La sentencia declara extinguida la responsabilidad penal del principal investigado, el administrador del astillero, debido a su fallecimiento. Según se acredita en el fallo, dicho administrador, al menos desde 2013 hasta 2021, se dedicaba a emitir declaraciones de conformidad de embarcaciones que en realidad no construía, a cambio de un precio. Esta documentación se utilizaba para dos fines principales: por un lado, para que titulares de embarcaciones de pesca (matriculadas en la 3ª lista) pudieran obtener también una matrícula de recreo (7ª lista); y, por otro, para que propietarios de barcos que carecían de documentación legal pudieran regularizar su situación.

La Sala subraya que no hay indicios suficientes para afirmar que todos los propietarios que obtuvieron la matriculación supieran que el administrador no estaba habilitado para documentar embarcaciones que él no había construido. Sin embargo, sí considera probado que, entre 2016 y 2020, varios profesionales del sector náutico o dedicados a la compraventa de embarcaciones solicitaron y obtuvieron estos documentos a sabiendas de la ilegalidad del procedimiento. Estos intermediarios facilitaban al administrador los datos de los clientes y de las embarcaciones, a cambio de una factura simulada y una declaración de conformidad falsa que luego se presentaban en la Capitanía de Vilagarcía de Arousa para lograr la inscripción.

Por estos hechos, el tribunal absuelve a dos personas contra las que se retiró la acusación. Para los otros 14 condenados, las penas son variadas: nueve de ellos son condenados a un año y dos meses de prisión; otros dos, a diez meses de cárcel; y los tres restantes, a penas de un año y medio, dos años y tres meses, y dos años y medio de prisión, respectivamente. Al igual que en el caso anterior, la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSXG.