Ya hemos comentado en números anteriores la falta de coherencia de las resoluciones judiciales del Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras, que la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Algeciras, ha avalado, aun reconociendo en su último Auto que estamos ante un asunto de naturaleza penal, cuando el argumento del juzgado número 2 para archivar la causa consiste en señalar que es un asunto de naturaleza civil, en un claro sinsentido jurídico.

El juez instructor ha permitido que se incumplan sus decisiones en el proceso de investigación durante cuatro años. Por ejemplo, de los nueve imputados (cuatro de ellos funcionarios de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, APBA), solo acudió a declarar voluntariamente el gerente de la empresa acusada de estafa, por no abonar las obras llevadas a cabo por la subcontrata Ecodragas, gerente que se encuentra imputado en el caso del “Musel” del Puerto de Gijón por la Audiencia Nacional (puerto donde, como en el de Algeciras, invirtió cantidades millonarias la UE), pero ninguno de los otros ocho imputados ha sido interrogado ante la desidia judicial. Tampoco ha hecho nada en cuatro años tras acordar reclamar documentación contable a las empresas acusadas y que estas no la presentaran, ni a la APBA, que tampoco respondió cuando fue requerida por el juez por segunda vez. Y menos reacción hubo del juez de instrucción cuando no se llevó a cabo una prueba pericial contable acordada por él. Ni una sola de las pruebas admitidas y acordadas por el juzgado de instrucción nº 2 de Algeciras en la instrucción de esta denuncia ha llegado a practicarse. ¿Por qué?